El Empleo, La Estabilidad y las Limitaciones a la Libertad de Contratación

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 El próximo diecisiete de Noviembre el Código del Trabajo Ecuatoriano cumple cincuenta años de su vigencia (1938), tiempo suficiente para efectuar un inventario de sus logros y fracasos; de sus bondades o defectos y extraer conclusiones valederas que permitan establecer si se justifica mantenerlo como está o si amerita su remozamiento o sustitución.

Nacido por influjo de las ideas socializantes que imperaban en la época, consecuencia del movimiento económico social que vivió el mundo después de la primera guerra mundial y de un naciente desarrollo empresarial en el país, que exigía precautelar los derechos de uno de los factores de la producción, el más débil de la relación labo – ral; recogió la legislación dispersa entonces existente y la organizó, matizándola con las novedades que había ensayado el Derecho Laboral, especialmente de la corriente mejicana. Desde entonces, nuestro Código del Trabajo ha merecido reiteradas modificaciones en su afán de mejorar sus instituciones, sin que ninguna de ellas haya significado una transformación sustancial; y, por el contrario, se tilde a algunas de tales reformas de un retroceso para los trabajadores, a quienes supuestamente se ha pretendido beneficiar con ellas.

En el estado actual, el Código del Trabajo Ecuatoriano ha sido ponderado por algunos, como un documento avanzado de protección a la clase trabajadora; y, denostado, por otros, como instrumento excesivamente paternalista y asistencial para una clase trabajadora vaga y sin espíritu de superación, que no responde a los requerimientos económico-sociales del momento actual.

Sin pronunciarnos alrededor de estas tesis, que consideramos extremas, no podemos dejar de señalar que al Código del Trabajo Ecuatoriano le ha correspondido el mérito de haber contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores del país; aun cuando, en la actualidad, por efecto de las variantes circunstancias económico sociales que imperan en nuestro país, se justifica una reforma a fondo del mismo, que contemple los nuevos fenómenos del trabajo y la empresa y sirva de marco para soluciones más flexibles a problemas sociales tan acuciantes como son los del empleo, la estabilidad y las limitaciones a la libertad de contratación, que aspiro a desarrollar en esta intervención.

Empero, antes de analizar estos temas, considero de utilidad sentar algunas apreciaciones que inspirarán la posterior exposición:

a) El Código del Trabajo está llamado a regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y debe tener como mira principal proteger los derechos fundamentales de éstos, a fin de que se asegure un mínimo de sus condiciones de trabajo y la superación de las mismas en función del desarrollo y progreso de la empresa, como un medio de alcanzar el mejoramiento de los factores de la producción y el progreso general de la comunidad. Consecuentemente, debe considerar también entre sus objetivos el aumento de la producción y la productividad; el mejoramiento de la calidad de los productos y (…) ambiente interno y externo del trabajo, sin desconsiderar la determinación más precisa de las obligaciones de los trabajadores, a fin de que se vuelva más armónica la relación laboral. b) Algunos capítulos del Código del Trabajo han permanecido casi intocados, por lo que no responden a las reales necesidades del momento, como son los relativos a los riesgos profesionales, a las modalidades de trabajo, a las formas especiales de prestación del trabajo en jornadas parciales horizontales y verticales ;y, las consecuentes formas de remunerar las mismas y proteger a quienes prestan sus servicios. c) Todos los rubros relativos a las organizaciones de los trabajadores, a la contratación colectiva y a los conflictos colectivos, ameritan una inmediata revisión a fin de que respondan a las reales necesidades de los trabajadores; como lo es el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y vida; la subsistencia y prosperidad de la empresa; y, el mejoramiento y abaratamiento de los bienes y servicios a producirse, teniendo como mira principal el garantizar los intereses supremos de la colectividad, en forma tal, que no se vulneren los mismos por los abusos que se pudieren cometer en el ejercicio de determinados derechos individuales, sindicales o patronales.

Lo dicho, no importa una crítica a las bondades prestadas por este sistema normativo, sino más bien un reconocimiento de la necesidad de que el mismo se modernice a fin de que sirva de marco apropiado a una realidad económica-social que ha variado sustancialmente en cincuenta anos; y, que exige ponerlo a tenor frente a nuevos hechos que demandan nuevas soluciones económicas, sociales y jurídicas.

EL EMPLEO

El empleo él un derecho y un deber social según nuestro ordenamiento constitucional. Sin embargo, no podemos dejar de considerar que el derecho a disfrutar de un puesto de trabajo que le permita al individuo. cumplir con sus más elementales obligaciones personales, familiares o sociales, no ha pasado de ser un privilegio, una aspiración que, por razón de la estructura económica social en que se desenvuelve el país y el mundo entero, sólo pueden disfrutarla pocas personas, por lo menos en los términos de lo que se puede denominar un empleo estable, digno y suficientemente remunerado.

En efecto, el mundo moderno, desarrollado y en vías de desarrollo, posee un alto índice de desempleados y subempleados cuya existencia constituye una lacra social que es necesario erradicar de una manera permanente, por constituir un lastre para el desarrollo económico y social y una fuente de incremento de la pobreza , que en algunos países es extrema, convirtiéndose en afrenta para la humanidad y detonante de graves conflictos sociales.

En 1.980, la población activa mundial era de unos 2000 millones de personas, en una población total de unos 4500 millones, Más de la mitad de la misma se dedicaban a la. agricultura, un quinto a la industria y algo menos del 30 % al sector de los servicios; lo que importa que, aproximadamente, unos ochenta millones aparecieran oficialmente como desempleados y de un tercio ala mitad de esa mano de obra mundial estaba subempleada; es decir, no teñía un empleo fijo o bien solamente poseía ingresos de subsistencia, o más bajos todavía.

Tal situación motivó a la Organización Internacional del Trabajo a declarar a los años ochenta como la Década del Empleo, esto es, acordó la realización de una serie de acciones tendientes a disminuir sensiblemente las tasas de desempleo que experimentaba la humanidad, a través del llamado Programa Mundial del Empleo.

Desde entonces, la situación no ha mejorado sensiblemente; y, por el contrario, la crisis económica por la que atravesamos en esta década, pareciera haber agravado la situación. Por lo menos, no existe duda afirmarlo con respecto a los países en vías de desarrollo, en los que la gravosa dependencia de la deuda externa, el aumento de las tasas de interés y la depresión, de los términos de relación de los productos exportables e importables han producido, en términos generales, una manifiesta recesión de los niveles de empleo, de los salarios reales y de las condiciones de vida de la población.

Tal situación es casi generalizada en América Latina y el Ecuador, como parte de este contexto, no escapa de ella.

Sobre una población económicamente activa de tres millones de habitantes, aproximadamente un 12.6 % están desempleados; un 47.4 % son subempleados; y, solamente un 40 % disfrutan de empleo estable y relativamente bien remunerado y de una cierta protección por la legislación laboral y la seguridad social.

En nuestro país, según recientes informaciones del Conade, el desempleo creció en el período 1980-1987, aun nivel del 9.6 % y el subempleo bordeó el 50 % de la población económicamente activa; es decir, que algo más de las dos terceras partes de los ecuatorianos están fuera del mercado ocupacional o incorporados muy debilmente en él.

No es posible negar que el ritmo relativamente –lento e incluso negativo en algunos casos– de crecimiento económico en los países en desarrollo, desde hace algunos años, ha traido consigo un nivel más alto de desempleo, de subempleo y pobreza, que urge superar a fin de proporcionar a los desocupados un medio digno de subsitencia y a las comunidades, el aporte necesario para su desarrollo y prosperidad Social.

La forma de acometer este compromiso difiere de acuerdo con los régimenes políticos imperantes; o, a las soluciones que plantean las tendencias ideológicas que se adopten en un Estado determinado.

En los países con economía centralmente dirigida, el Estado asume directamente la responsabilidad de proporcionar a su población las fuentes necesarias de trabajo, correspondiendo a la planificación solventar la creación del número suficiente de empleos.

En los países sujetos al régimen capitalista, el Estado sólo debe crear las condiciones objetivas para la generación de nuevas plazas de trabajo; pues, la responsabilidad de su ejecución la delega o comparte con el sector privado.

En ellos los Estados deben generar las obras públicas y los servicios públicos suficientes, no sólo para satisfacer las necesidades de la colectividad, sino también para absorber mano dei obra desocupada; pero, fundamentalmente, esta obligación está asignada a la empresa privada, que es el mecanismo impulsor de toda la economía, puesto que el Estado sólo tiene un papel de orientador o fomentador de políticas que se dirigen hacia objetivos determinados.

Sin embargo, es preciso reconocer que la política económica persigue rara vez el objetivo de promoción del empleo, porque los responsables políticos prefieren pensar que el crecimiento económicos va a generar un número suficiente de nuevas oportunidades de empleo cuando, por el contrario, los incrementos del empleo en el sector moderno han resultado demasiado limitados, incluso en épocas de crecimiento constante. Por otra parte, las opciones de política interior generalmente aplicadas, acusan desconcertantes paradojas. Las recetas de Keynes, basadas en la demanda, no parecen ya aplicables. Pero la Escuela Monetarista no ha conseguido tampoco grandes éxitos en los últimos años.

Todos estos conceptos, extraídos de la Memoria del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (1986), ponen de manifiesto la gravedad del problema del empleo en el mundo y la complejidad en la adopción de soluciones válidas y permanentes. Nuestro país, que figura en la nómina de los que se encuentran en vías de desarrollo o simplemente son subdesarrollados, acusa también graves problemas de desocupación y subempleo, cuya solución urge acometer, si no para eliminar, por lo menos para disminuir sensiblemente sus consecuencias.

El modelo de desarrollo fundamentado en la sustitución de importaciones y que se aplicó a raíz del boom petrolero y el incipiente desarrollo industrial produjo el abandono del campo, incrementando notablemente la brecha estructural que existía en nuestro país en materia de empleo.

La agricultura disminuyó su capacidad de absorción de mano de obra; y, la industria no generó el número de puestos de trabajo esperado. Por su parte, si bien se desarrollaron los servicios y el aparato estatal creció, brindando nuevas oportunidades de empleo, no es menos cierto que tales hechos han sido insuficientes para satisfacer los constantes requerimientos de las nuevas generaciones, en términos tales que, sin temor a equivocarnos, podemos sostener que la oferta de plazas de trabajo ha sido inferior a la demanda de las mismas.

No obstante la crisis, la actividad agroexportadora generó un considerable número de plazas de trabajo; sólo en el sector camaronero se estima por parte del actual Subsecretario de Pesca que se han generado 400 mil plazas de trabajo; y, la industria de la construcción y las obras públicas, brindaron importante aporte para la solución del grave problema de la desocupación; pues, se calcula que produjeron doscientos mil puestos de trabajo, directos e indirectos, según estadísticas de la Junta Nacional de la Vivienda.

Por ello, se impone generar las condiciones necesarias para activar el proceso productivo actualmente en franca recesión y adoptar planes de emergencia capaces de atacar, por lo menos cual paliativos, los graves efectos que se vislumbran como consecuencia de esta situación.

El marco legal debe adoptar soluciones válidas como la de las jornadas parciales, que permitan utilizar la actual capacidad ociosa industrial y a las empresas es necesario dotarlas de mecanismos probados en otros países, como la captación del ahorro público en el mercado interno de capitales, cual vía de financiamiento y reactivación, capaz de encontrar por este camino la creación de nuevos puestos de trabajo, a la par que alcanzar una saludable democratización de la riqueza.

Se pueden también emprender en programas ocupacionales de emergencia o de apoyo al ingreso temporal, que suelen aplicarse como mecanismos de promoción del empleo en casos críticos, para solventar situaciones de subsistencia; o, incrementar la capacidad de consumo de los pobladores más pobres, a través de la realización de obras públicas o de mejoramiento de los servicios y de la infraestructura social y productiva en las áreas más deprimidas urbano-marginales y rurales, como lo está haciendo con muy relativo éxito el Perú; o, desarrollar programas de promoción de las microempresas, como un medio idóneo para crear pequeñas unidades de producción ,- a un costo reducido y con posibilidades de convertirse en multiplicador de puestos de trabajo, como se ha probado fehacientemente en nuestro país, Colombia, Panamá, etc.

Tales microempresas pueden ser destinadas a desarrollar el espíritu de empresa privada, integradas al sistema productivo como proveedores de partes ;y, piezas o como auxiliares del sector de servicios; o, pueden también desarrollar sistemas asociativos o comunitarios de producción destinados al mercado o a canalizar éstos a la ejecución de proyectos, obras o servicios que vayan en beneficio de la comunidad; en este último caso, sin el objetivo económico preferente que caracteriza al primer sistema.

Por supuesto que por tales vías no se va a resolver definitivamente el problema del desempleo; en primer lugar, por las naturales limitaciones que caracterizan a programas de esta naturaleza; y, en segundo, porque el aparato productivo, en momentos de crisis, carece de la capacidad suficiente para generar puestos de trabajo, en relación con las nuevas demandas que impone el crecimiento demográfico.

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