RETOS DE LA FUNCIÓN POLICIAL EN MÉXICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL CASO “MUJERES VÍCTIMAS DE TORTURA SEXUAL EN ATENCO”

AUTOR: FILIBERTO MANRIQUE MOLINA

RESUMEN

El presente artículo emplea la metodología de la teoría del caos desarticulado, el cual es aplicado a las ciencias para motivar un cambio de paradigma y generar conocimientos científicos en el área de los sistemas inestables; tal y como lo es el caso “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México”, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido y que ha revelado la brutalidad policial, el exceso de violencia injustificada, las violaciones graves de los derechos humanos derivadas de la falta de capacitación y profesionalización del estado policial, así como los desafíos que tiene la policía mexicana para evitar los casos de violación y tortura sexual en su desempeño.

PALABRAS CLAVE: seguridad, derechos humanos, capacitación, represión, tortura, violencia sexual.

INTRODUCCIÓN

Una de las grandes preocupaciones que se han hecho visibles en los últimos años en México, es sin duda el tema de la inseguridad y violencia, la cual afecta un conjunto amplio de derechos humanos de miles de personas que habitan y transitan el suelo mexicano; problemática que deriva de un fenómeno multidimensional y con alcances regionales, el cual, ha generado preocupación y atención de diversas organizaciones nacionales e internacionales, pues el país se ha caracterizado por ser uno de los más violentos a escala global.

De acuerdo con el Global Peace Index, México se considera un país de baja seguridad (Institute for Economics and Peace, 2017), ello se justifica a que el país sigue enredado en el conflicto de la lucha contra carteles de la droga y más de 200 organizaciones criminales; creando nuevas instituciones como lo es la Guardia Nacional y reformando otras de alcance estatal, aumentando para ello el presupuesto y el número de responsables de seguridad interna, sin importar que la gran mayoría de elementos no cuenten con la debida profesionalización ni las capacidades suficientes para hacer frente a estos retos sin generar tensiones con los derechos humanos.

Lo anterior ha venido atentando e incumpliendo con una serie de reformas de nivel constitucional, estas son las del 31 de diciembre de 1994 al artículo 21, de 18 de junio de 2008 y 10 de junio de 2011; a través de las cuales se viene exigiendo a las instituciones de seguridad la profesionalización de sus elementos, para efecto de que la función policial se apegue al discurso de respeto y garantía de los derechos humanos que en la carta política y en diversos instrumentos de carácter internacional se consagran.

A pesar de tan importante encomienda que el Congreso (desde hace más de 25 años) introdujo en el ordenamiento constitucional con dichas reformas y que vincula a un conjunto de autoridades, vemos con preocupación que existe un claro rezago en la adopción de medidas integrales y eficaces tendientes a implementar y aterrizar las obligaciones que derivan de las mismas, y con ello ejecutar las trasformaciones legales, estructurales, políticas y educativas que permitan hacer tangibles dichos cambios tan paradigmáticos que nos traen los derechos inherentes al ser humano, y con ello, la disminución de sus incumplimientos por parte de los elementos de la policía.

Partiendo de la realidad, ha quedado claro que, desde hace más de diez años, la violencia y la inseguridad en México ha sufrido escaladas nunca antes registradas, pues de acuerdo con el índice de paz México 2018, se señala que los últimos años han sido un periodo de considerable agitación ya que “After two years of escalating violence, Mexico’s 2017 homicide rate surpassed its previous 2011 peak. It was the most violent year in at least two decades, raising serious concerns for policy makers and egatively aff ecting trust amongst the population. The increase in violence has been driven not only by organized crime, but also by individuals likely empowered by the weak rule of law.” (Institute for Economics and Peace, 2018)

Violencia que no solo ha sido incitada por los particulares, sino que ha sido alimentada por las deficiencias de las autoridades (civiles y los que actúan bajo su mandato)

encargadas de hacer cumplir la ley. Esto ha provocado numerosos casos comprobados sobre transgresiones graves a los derechos humanos a las personas en general, en las cuales se ha denigrado al ser humano en su calidad, pues en su actuar se han visto involucrados en la comisión de barbaries, tales como detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, secuestro de personas, tortura, violencia física, sexual o psicológica de las mujeres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, etc. Crímenes que tal y como lo señala el Estatuto de Roma “constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”, los cuales son las principales tareas de los Estados modernos, pues sin estas no existen las condiciones mínimas para vivir en sociedad.

Un ejemplo de ello, es la controversia que se ha ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante (Corte IDH); la cual devela la brutalidad policial, exceso de violencia injustificada, la falta de capacitación y profesionalización del estado policivo, nos referimos al caso “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México”, el cual ha puesto en evidencia la debilidad del Estado de Derecho, en donde cualquier servidor público o autoridad incurre en abusos graves, sin importarle las obligaciones y limitaciones que les imponen las propias leyes, mandatos constitucionales y supraconstitucionales; es por ello, que en el presente trabajo develaremos los retos de la seguridad en México desde la perspectiva del presente caso.

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