Observaciones acerca del caso «Tangentopoli»

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…en el pasaje de la primera a la segunda República en Italia�

 1. Los eventos judiciales de los últimos tres años en Italia centralizados en una compleja red de investigaciones, incriminaciones y procesos relativos a los casos de corrupción, concusión y violación de la normativa en relación al financiamiento público de los partidos, pusieron en marcha procesos de comunicación social que, en una primera observación, parecen caminar en direcciones opuestas.

Se profundizó la distancia, la desconfianza entre la sociedad civil y el Estado; aumentaron la demanda del Estado y la confianza en él, o por lo menos en una parte de su aparato institucional. Asistimos, al mismo tiempo, a un proceso de deslegitimación y de legitimación del Estado.

Para llegar al centro de tal contradicción es útil intentar definir más precisamente los términos del problema. A ese respecto es necesario, en mi opinión, bajar en algunos grados el nivel de abstracción en que nos encontramos, por ejemplo, cuando empleamos los conceptos de sociedad y de Estado y postulamos su separación. Esta distinción puede ser útil para afrontar temas distintos, pero no tiene ninguna utilidad para la temática a la cual este trabajo se dedica. Cuando hablamos de "crisis de la política", nos referimos efectivamente al sistema de los partidos también, o sea a un objeto que, según el punto de vista adoptado, es decir según las relaciones funcionales que son puestas en evidencia, hace parte o del "Estado" o de la "sociedad civil". Los partidos son, al mismo tiempo, una expresión de la sociedad civil y una institución jurídica del Estado representativo. El sistema de los partidos está conectado por relaciones funcionales específicas con la sociedad y el Estado. Sin embargo, el sistema de los partidos no es sólo y contemporáneamente un subsistema del sistema "Estado" y del sistema "sociedad": los dos lados respectivos de las relaciones funcionales con los dos sistemas se entrecruzan. Esta intersección constituye una relación de relaciones: el sistema de los partidos es así también un sistema de relaciones funcionales entre sociedad y Estado. Esa relación doble de pertenencia y de mediación que une el sistema de los partidos a la sociedad y al Estado permite, mientras tanto, establecer que la crisis de la política, comprendida bajo el aspecto de crisis del sistema de los partidos, no es solamente una crisis de ese sistema: es una crisis entre el Estado y la sociedad.

Consideraciones análogas a las hechas al sistema de los partidos podrían ser realizadas al sistema productivo. También en este caso se trata se un sistema que pertenece al mismo tiempo a la sociedad civil y al Estado. Sería una abstracción lejos de la realidad querer mantener para el sistema productivo de la civilización industrial postmoderna la visión liberal clásica, según la cual producción e intercambio hacen parte de la sociedad civil y el Estado y el derecho se limitan a proveer las reglas del juego indispensables para el funcionamiento de la economía de mercado. En el modelo de economía mixta adoptado en el mundo occidental, el Estado interviene con sus instituciones de modo determinante en el sistema económico nacional. En primer lugar, interviene como inversionista y productor; en segundo lugar, como comitente de trabajos y servicios públicos; en tercer lugar, como regulador del mercado y redistribuidor de capital a través del sistema de la hacienda pública. La intervención de actores institucionales en la economía no es menos importante, en el modelo occidental, que la intervención de los actores privados.

Así, análogamente al sistema de los partidos, el sistema de la economía es al mismo tiempo un subsistema de la sociedad civil y del Estado. Así, como para el sistema de partidos, podemos decir que las relaciones funcionales se entrecruzan, respectivamente, con la sociedad civil y el Estado. Las relaciones de relaciones que de ahí resultan hacen del sistema de la economía, así como del sistema de los partidos, los dos momentos principales de mediación entre la sociedad civil y el Estado.

Si esto es verdad, también es verdad que las áreas de intersección entre la sociedad civil y el Estado, y consecuentemente entre el sistema de la economía y el sistema de los partidos, se entrecruzan por su vez y en parte se sobreponen.

La intersección y la sobreposición no dependen necesariamente del hecho de que los dos subsistemas hacen parte, al mismo tiempo, de la sociedad civil y del Estado y constituyen los dos momentos fundamentales de la mediación funcional entre esos sistemas. La intensidad de la intersección y la medida de la sobreposición varían, en un modelo teórico, entre un mínimo y un máximo. Las variaciones dependen de una serie de factores y, en buena parte, han sido puestas en evidencia en la investigación politológica y sociológica en cuestión de corrupción.

Es una tendencia general de la sociedad industrial desarrollada avanzar en dirección a valores muy elevados de implicación entre los dos subsistemas: Se trata de una tendencia presente tanto en las sociedades capitalistas como en las sociedades socialistas y, evidentemente, las variantes relevantes son en parte comunes a los dos tipos de sociedad y en parte específicas.

Seguramente la implicación en Italia últimamente alcanzó un punto tal que determinó una fenomenología judiciaria inusitada y eclatante y, en conexión con ella, una crisis de la política que podemos definir como histórica. La reconstrucción teórica y en parte el análisis empírico permitieron, hasta el momento, individualizar variables significativas que pueden ser reconectadas con la esencia de las transacciones corruptas.

Particularmente convincente me merece el cuadro provisto por Pizzorno, en el cual se distinguen, de un lado, las variables de las ocasiones y de otro lado las actitudes de los operadores políticos que hacen transacciones ilícitas. Al primer grupo de variables pertenecen el nivel de intervención del Estado en la economía, el nivel de discreción administrativa y los costos de la intermediación política. Con referencia a los partidos, estos costos significan los de la gestión para la empresapartido.

La segunda serie de variables son las que inciden sobre los costos morales de las transacciones corruptas. Estos, para una determinada persona, serán tanto más altos, Pizzorno: a) cuanto más alto es el estatus social -sea para la sociedad nacional, sea para la local- y la búsqueda de reconocimiento en la cual se desarrolló la socialización primaria y secundaria de tal persona; b) cuanto más homólogos a los valores civiles, es decir, a los valores atribuidos a la observación de la ley y a la lealtad al Estado son los valores obtenidos por esa búsqueda; c) cuanto más largo ha sido el período en el cual la constitución de identidad de una persona dependió previamente del reconocimiento de tal búsqueda; d) (consecuencia de a y de c) cuanto más penoso para la persona es el desestimiento de tal búsqueda, y el consecuente abandono de los criterios reconocidos que le permiten avaluar la propia conducta. (A. Pizzorno, 1992, 49).

Como resulta de los análisis de Pizzorno, de Della Porta, de Cazzola y de otros, los costos de intermediación que deben ser apoyados por el sistema de los partidos aumentan también en función del crecimiento, dentro de ese sistema, de los papeles de los actores anómalos, con referencia a la función institucional de los partidos. La función institucional de los partidos es la intermediación política, y esto es la traducción de las necesidades de los ciudadanos en la cuestión política y la presentación de tal cuestión en los centros de decisión legislativos y administrativos competentes. Actores anómalos en el sistema de los partidos son aquellos cuya función, así como la intermediación política, es administrar las relaciones lícitas o ilícitas (pero en la mayor parte las ilícitas) entre el sistema de los partidos y el de la economía.

Los partidos se transforman en máquinas electorales y máquinas clientarias y estas aumentan increíblemente sus aparatos y sus costos.

Una parte del aparato crece dentro de los partidos con la función única de buscar el financiamiento para ellos a través de transacciones ilegales con actores económicos e institucionales: se expanden en los partidos los papeles de "intrigantes" y de "políticos de negocios". La expansión de estos papeles comporta así también una aceleración de la entrada, en el sistema de los partidos, de los "homines novi" para quienes las transacciones corruptas tienen, con referencia a las variables anteriormente indicadas, costos morales siempre más bajos.

El sistema de los partidos se transforma en un sistema de intermediación ilícita con el sistema económico a costas de la función política institucional de intermediación, las investigaciones judiciarias en Italia evidenciaron que las élites tradicionales de los partidos de gobierno se tornan, personalmente u objetivamente, convivientes con la práctica generalizada de las transacciones corruptas. Lo mismo ocurre, como se sabe ahora, en las elites económicas. Se trata de una normalización recíproca de comportamientos ilegales que son funcionalizados, por un lado, para financiar el sistema de los partidos, sin que sean fácilmente reconocibles los límites entre la esfera privada y la esfera funcional. Por otro lado, lo mismo ocurre en un nivel difuso y casi estructural en la elite económica, tanto en relación a la empresa privada, cuanto en relación a la empresa del Estado.

La espiral de las transacciones corruptas aumenta cuanto más los partidos y los políticos de partido se tornan dependientes, por su reproducción, de la cobranza ilegal de "cuota" del sistema productivo. A su vez, en este último la intermediación ilícita por parte de los partidos políticos con pedidos y concesiones se traduce en una variable fundamental del sistema de la concurrencia en el cual las empresas, poco importan sus dimensiones, están insertadas.

Las proporciones del entrecruzamiento del sistema de los partidos y del sistema emprendedor (privado o del Estado) tienden a aumentar -como los estudios al respecto demostraron- en función de dos variables estructurales del sistema económico y del sistema político. En primer lugar, se trata de la intervención del Estado en la economía. En segundo lugar, se trata de las condiciones negativas que dificultan la permanencia de mayorías y de oposiciones en el gobierno: esas condiciones negativas favorecen la formación de la así llamada "democracia consociativa", es decir, la formación de una relación generalizada de cointereses y convivencias que auna los partidos -divididos en el plan visible del gobierno- en el plan invisible del subgobierno.

Las dos variables se influyen recíprocamente, pero ambas confluyen para explicar cómo el fenómeno de la corrupción política se tornó en Italia en el aspecto normal y no desviante en el cual se manifiesta el entrecruzamiento del sistema económico y del sistema de los partidos. El intercambio oculto entre las decisiones políticas y corruptas es tanto más favorecido cuanto más elevado sea el peso de las decisiones políticas en la organización económica (nominaciones y operaciones en la industria estatal, arrendamientos, pedidos, concesiones y otros favores para la industria privada). También, cuanto más elevada sea la dependencia del sistema de los partidos del sistema emprendedor, sea en relación a su gestión financiera, sea en relación a los espacios de propaganda de los cuales disponen (como en el caso de la industria pública o privada de los medios de información). El ejemplo italiano de los últimos decenios muestra que en la misma medida tienden a aumentar el concurso consociativo de intereses entre los aparatos locales y centrales de los diversos partidos en la repartición y lotización de los recursos gubernamentales y subgubernamentales, así como la tendencia de cobertura recíproca de las prácticas de normalidad ilegal, como sugiero llamarles.

La investigación comparativa entre varios países todavía no permite dar una base empírica segura para esas teorías, pero una comparación entre los varios sectores de la economía y entre el norte y el sur en Italia ofrece datos significativos de confirmación. Es evidente que las transacciones corruptas se concentran particularmente en sectores en los cuales la demanda pública es determinante y, al mismo tiempo, son grandes los espacios de discrecionalidad técnica, como la salud pública y la construcción. Hay ahí también elementos para acordarse de que el peso mayor de la intervención pública en la economía en las regiones del sur crea condiciones todavía más favorables para el Estado corrupto que en otras regiones. A ello se acrecienta en esa región una tasa más alta de la presencia de empleados públicos en los consejos comunitarios, con respecto a la media de otras regiones (37% en el sur contra 27% en el resto de Italia, según los datos de Bettin y Migné). La totalidad del entrecruzamiento del sistema económico y del sistema de los partidos es ilustrada por datos cuantitativos disponibles: una investigación democósmica conducida para emprendedores para la revista "Fortuna- Italia", en 1989, ha llegado a la conclusión de que en Italia 70% de las empresas tienen conexiones con el sistema de corrupción. En relación a los partidos, la conexión es un fenómeno general, aunque aparezcan privilegiados los partidos que hacen parte de la mayoría nacional de gobierno.

2. La intensidad resultante de la interconexión de las esferas económica y política y la relevancia central que asume la práctica de transacciones corruptas en la codeterminación de esas interconexiones parecen dar razón a quien define esa práctica como "sistemática". Si a esta consideración agregamos la de la continuidad histórica de la corrupción política, del inicio del Reino de Italia hasta hoy, como un elemento estructural de la relación entre la sociedad civil y el Estado y en las distintas fases que esa relación atravesó en Italia, podemos preguntarnos si el ingreso en el sistema político de los homines novi, es decir, de la nueva clase de políticos "rampantes" que entran en ese sistema con un capital inicial escaso y que encuentran escasos costos morales en la dedicación a las prácticas corruptas, sea una variable independiente del actual sistema de la corrupción política o pueda ser vista como una variable dependiente. O sea, si se trata de un nuevo componente de la clase política que ha condicionado una fase más grave que las otras en la historia de la corrupción en Italia o si, contrariamente, el ascenso de los "rampantes" sea, a su vez, una respuesta del sistema social general a cuestiones que derivan de exigencias funcionales provenientes del subsistema económico-político de la corrupción.

Los "rampantes" introducen en el sistema de los partidos un pragmatismo sin perjuicio que atrae la atención ético-política para los proyectos sociales de media y larga duración; actúan con una lógica voluble, situacional y, sobre todo, especuladora. Estos "políticos de especulación", como los denomina Pizzorno, prefieren el campo de acción invisible del subgobierno, de las transacciones ocultas y de los acuerdos de convivencia con los otros partidos con desventaja para el campo visible de las relaciones de gobierno y de representación política. Su profesionalidad está ligada más a la competencia técnica en los campos científicos de la administración de la cosa pública que a la "competencia de ilegalidad", término este que significa la capacidad, la práctica, los conocimientos necesarios y la sabia gestión de las relaciones ligadas precisamente con las funciones políticas de negocios. Los políticos de negocios no tienen sentido de la distinción entre la propia esfera privada y la pública, pero sobre todo instrumentalizan las funciones públicas en las cuales intervienen para la propia afirmación profesional (y por esa razón es siempre difícil distinguir entre la parte de la "cuota" que es destinada a ayudar en la reproducción de la empresa-partido y la que hace parte de su poder de disposición personal, y entre la que corresponde a las tareas para el partido y la que se dedica al consumo privado).

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