USO SOCIAL, JURÍDICO Y POLÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL PARA LA CONCRECIÓN DE LOS DERECHOS Y LA LEGITIMACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR

SOCIAL, LEGAL AND POLITICAL USE OF THE CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE FOR THE CONCRECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATION OF DEMOCRACY IN ECUADOR

Autores: Gonzalo Xavier Rodas Garcés

PALABRAS CLAVE: jurisprudencia constitucional, innovación social y desarrollo, derechos constitucionales, democracia constitucional, administración de justicia, ciudadanía.

INTRODUCCIÓN

“La Constitución es simplemente un papel que ha sido fuente de frustración durante mucho tiempo. Varios derechos han sido incluidos pero los pueblos continúan siendo excluidos, empobrecidos, invisibilizados y oprimidos. Estamos ante un nuevo tipo de constitucionalismo que implica un proyecto político de país diferente, otra forma de cultura, de convivencia, de territorialidad, de institucionalidad del Estado”. – Boaventura de Sousa Santos –

La República del Ecuador experimenta un proceso de hondas transformaciones en su institucionalidad jurídico política a partir del proceso constituyente que hizo posible la entrada en vigencia de la Carta Constitucional de 2008, y con ella, un nuevo modelo de Estado, el Estado constitucional de derechos y justicia, y un nuevo tipo de Derecho, el Derecho constitucionalizado de los valores, los principios, los derechos, las reglas, la ponderación y el pluralismo jurídico.

En efecto, dicha Constitución implicó la entrada del Ecuador al neoconstitucionalismo, que asume un modelo de organización jurídico política denominado Estado constitucional, centrado en el principio de supremacía constitucional, la vigencia de los derechos funda- mentales y el principio político democrático de soberanía popular, instituye un tribunal especializado para la interpretación y concreción de los preceptos y postulados superiores, la Corte Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes como órgano facultado para la producción de normas jurídicas de obligatoria aplicación.

Las decisiones de la Corte Constitucional, de forzoso e inexorable cumplimiento, manifestadas a través de su jurisprudencia, y concretamente, del precedente constitucional, transforma la estructura del sistema de fuentes del derecho, tradicionalmente basado en la fuerza monopólica de la ley.1 El nuevo modelo establece la sujeción de los jueces, a la jurisprudencia constitucional, por lo que éstos deben interpretar, aplicar y argumentar el derecho no sólo con arreglo a la ley, sino fundamentalmente, en consonancia con la Constitución y la jurisprudencia emanada del máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional, la Corte Constitucional, órgano de cierre del sistema.2

Bajo la premisa de que el derecho surgido a partir de la Constitución de 2008 entraña un enorme potencial emancipatorio y es capaz, bajo determinadas condiciones históricas, sociales y políticas, de promover transformaciones fundamentales en la sociedad,3 el presente ensayo postula como idea central que la jurisprudencia constitucional, elevada a la categoría de fuente formal y directa del ordenamiento jurídico, es un potente elemento de innovación social y de desarrollo sí y sólo sí se le da el uso social, jurídico y político implícito en el Texto Fundamental.

Sin duda, se trata de cambios cualitativos de gran calado que se están verificando en la cultura jurídica nacional, que hace que los juristas debamos aprender a operar bajo estos nuevos paradigmas y necesitemos, en primer lugar, de un enfoque hermenéutico que dé cuenta, desde la perspectiva descolonizadora del poder4 y del potencial emancipatorio del derecho,5 la utilización social, jurídica y política de la jurisprudencia constitucional (Ávila, 2013), como elemento de innovación social, en el contexto de la nueva institucionalidad jurídico política que sobrevino como resultado del proceso constituyente que dio lugar a la Carta de 2008.

Mediante el uso social de la jurisprudencia constitucional, es posible conservar las conquistas sociales y asegurar las transformaciones estructurales en una sociedad profundamente inequitativa, aumentar los niveles de exigibilidad de los derechos y una ciudadanía volcada a vivir realmente los derechos constitucionales, en un proceso permanente de transformación social basado en una política constitucional y una justicia progresista, que materialice los principios y valores de la Constitución, procurando superar la brecha entre las promesas constitucionales y las vivencias cotidianas.

Mediante el uso jurídico, la jurisprudencia constitucional es una herramienta valiosa para garantizar la igualdad procesal, predictibilidad, uniformidad de la actuación de la justicia, la seguridad jurídica, y procurar acercar a la justicia a los problemas concretos e intereses sociales de la población.

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